Desde la Constitución de 1991 y desde los compromisos internacionales del Estado, la protección de la dignidad humana constituye un deber exigible aun en los escenarios más difíciles. Asumimos estos asuntos con la seriedad que imponen y con respeto por las garantías de todas las partes. Actuamos en defensa y representación del Estado o de las víctimas, según lo exija cada caso.
Soluciones:
Derechos humanos y justicia transicional: el Derecho al servicio de la dignidad de las personas y de la reconciliación.
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